El Tribunal Supremo ocupa el centro del debate político y cultural en Estados Unidos y, dada su influencia a nivel global, este debate no solo afecta al país en el que ejerce su jurisdicción sino también a muchos otros países, no solo del mundo occidental, que miran al Tribunal de Washington como modelo de inspiración para resolver eventuales controversias en las que el poder judicial está llamado a decidir. Algo cada vez más cierto en un contexto de “guerra cultural global”, en el que los pronunciamientos del poder judicial asumen un papel cada vez más determinante ante la inercia de los parlamentos, que prefieren no decidir. Como señaló en su momento el politólogo Ran Hirschl, «la transferencia hacia los tribunales de los temas políticos más relevantes supone una retirada para esos políticos que no han querido o no han sido capaces de resolver complicadas controversias públicas en la esfera política. También puede suponer una estrategia de refugio para los políticos que tratan de evitar tomar decisiones impopulares y/o tratan de evitar el colapso de coaliciones de gobierno estructuralmente frágiles o bloqueadas».

Han sido sobre todo dos los casos que han hecho debatir a la opinión pública estos días. Con la decisión de un caso de admisión de alumnos en la Universidad de Harvard, que llegó ante el Tribunal junto a otro caso similar, el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la política de acción afirmativa, mediante la cual varias universidades estadounidenses decidieron conferir durante los últimos años una ventaja competitiva en los procesos de admisión, en virtud de su raza o etnia, a grupos de estudiantes pertenecientes a ciertos grupos considerados desfavorecidos. Los más beneficiados por esta política han sido sobre todo los afroamericanos y los hispanos.

Igual que en otros muchos temas referidos a las políticas públicas estadounidenses, las opiniones al respecto de esta discriminación positiva están muy polarizadas según las ideologías políticas de referencia. Para la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, la acción positiva constituye una violación de la cláusula de igualdad de la Constitución federal. John Roberts, presidente del Tribunal, ha contribuido a enturbiar un poco la claridad de la sentencia al señalar que las universidades podrán considerar en todo caso la experiencia de los candidatos durante la selección, aunque esté marcada por su procedencia étnica.
En una segunda decisión, relativa al caso 303 “Creative LLC c. Elenis”, la mayoría del Tribunal (6-3) ha determinado que una ley de Colorado que sanciona conductas discriminatorias, y que obligaría potencialmente a un diseñador de páginas web contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo a crear páginas web también para parejas que quieran celebrar esta unión, es inconstitucional porque viola la cláusula de protección de la libertad de expresión de la primera enmienda constitucional. Por tanto, no se puede obligar a un profesional a prestar un determinado servicio que viole lo que le dicta su conciencia. En este caso, el Tribunal marca una distinción entre la conducta de quien se niega a ofrecer sus servicios a una persona por ser homosexual (este comportamiento no se podría consentir) y el caso de quien, ofreciendo su servicio sin hacer distinciones por orientación sexual, decide no prestar un servicio concreto de naturaleza creativa que supondría una violación de sus convicciones por motivaciones religiosas. En la opinión contraria, la minoría liberal del Tribunal ha criticado esta postura mayoritaria afirmando que esa interpretación no es conforme a la Constitución.

Las decisiones del Tribunal se han insertado rápidamente en el ciclo político-mediático que anima los debates de una sociedad polarizada como la estadounidense, cada vez más caracterizada por la centralidad de la guerra cultural. Resultan especialmente reveladoras en este sentido las palabras del presidente Joe Biden durante una entrevista con la emisora MSNBC: «Creo que este Tribunal está desfasado con respecto al sistema de valores fundamentales del pueblo americano» y que «la gran mayoría de los americanos no está de acuerdo con sus decisiones recientes». En los últimos años la popularidad del Tribunal Supremo en la opinión pública ha quedado severamente erosionada. Si en 2001, bajo la presidencia del juez William Rehnquist, el Tribunal registraba un índice de popularidad del 62%, el pasado mes de septiembre cayó hasta el 40%. Si bien ciertas críticas también se deben a motivos políticos o ideológicos que no permiten compartir las decisiones del Tribunal por el resultado que conllevan, también hay que considerar un descenso de la confianza debido a las últimas controversias de naturaleza ético-moral relacionadas con el comportamiento y los posibles conflictos de interese de varios miembros del Tribunal.

Ya se debate libremente sobre un posible nivel de court-packing que podría alterar la mayoría conservadora del Tribunal mediante la designación de nuevos miembros orientados ideológicamente hacia la izquierda o hacia posibles reformas como, por ejemplo, la aprobación de un límite temporal para el ejercicio de las funciones jurídicas en el Tribunal con el objetivo de garantizar un cambio más rápido en la composición del supremo órgano judicial. A la citada reflexión de Hirschl podemos añadir otra dimensión que se refiere a diversos actores sociales, progresistas o conservadores, que creen poder influir en la cultura, en la sociedad y en el comportamiento de las personas debido a su poder judicial en el Tribunal Supremo. El objetivo era utilizar el Tribunal no solo para resolver controversias, sino también para establecer mensajes de inclusión o exclusión en instancias sociales con el fin de definir una semiótica de la realidad mediante una maniobra, como diría Robert Cover, de “asesinato de significados”.

Por lo demás, el poder judicial está obligado epistemológicamente a mantener con vida ciertos significados e interpretaciones y asesinar otros. Esta acción va en la línea del perfil apocalíptico que distingue a amplios sectores de la sociedad civil estadounidense que actúan en una sociedad polarizada que tiende cada vez más al tribalismo y a la división. En este contexto, la resolución judicial de las controversias sociales puede resultar un atajo fácil para no hacerse cargo de un largo y laborioso trabajo de escucha y crecimiento social inspirado en el diálogo con una sabiduría, citando palabras del papa Francisco, «abierta y en movimiento, humilde y escudriñadora al mismo tiempo». La pregunta entonces sería: ¿es posible cambiar el mundo mediante el ejercicio de la jurisdicción? ¿O la jurisdicción se limita a seguir los cambios del mundo?

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Esta pregunta resulta especialmente importante en los casos que se refieren al factor religioso y al papel de la religión en la esfera pública. Habría que preguntarse si la vía judicial de protección del papel del factor religioso y su relevancia es realmente eficiente u oculta ilusiones ópticas que habría que indagar. Si bien es cierto que, a veces, las decisiones del poder judicial actúan como acelerador de importantes procesos culturales, difícilmente el ejercicio jurisdiccional servirá de eje que active el cambio social. Pues la mayoría de las veces sigue y no precede al cambio. Puede parecer cómodo pensar que se puede incidir en importantes procesos socioculturales designando más jueces cercanos a la propia ideología que aporten más victorias judiciales. Desde este punto de vista, la historia reciente de la derecha religiosa estadounidense debería ser una historia de éxitos. Pero si nos fijamos en lo que sucede en la sociedad y en el papel de la religión en la esfera pública, la situación parece más compleja. Hay vida más allá de las decisiones judiciales.