El pasado 19 de enero el Parlamento europeo votó una resolución para proteger a las minorías religiosas, pero cuando el Consejo de Ministros de Exteriores se reunió para preparar el documento que debía plasmar la primera actuación práctica en esta línea, el proyecto tomó otro tono: ninguna mención a las minocrías cristianas ni a las propuestas de acción que mencionaba la resolución: relaciones comerciales sólo con países que garanticen la libertad religiosa y un órgano institucional dedicado a su vigilancia.
“Lo que pedíamos eran acciones concretas, no discursos, y referencias claras e inequívocas a la persecución de los cristianos”, afirma Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, promotor de la resolución junto a Mario Mauro. Y denuncia “el inmovilismo de las instituciones europeas. Hasta ahora no han ido más allá de una condena formal. Una vez que se han acallado los últimos ecos de las matanzas de Navidad, vuelven a prevalecer los intereses económicos y políticos sobre el respeto a los derechos”.

Ha hablado usted de “excesiva diplomacia” y “laicismo patológico” en el texto presentado a los ministros por Catherine Ashton (alta representante para la política exterior de la UE). ¿Qué hay detrás de estas definiciones?
La actitud que ha adoptado hasta el momento la UE es el resultado de una mezcla de intangibilidad a nivel comunitario sobre los intereses particulares que las principales potencias tienen en países con los que mantienen relaciones desde antiguo (y que a menudo parten de un pasado colonial), y una serie de prejuicios laicistas respecto a la libertad religiosa. Como si ésta fuera un derecho de serie B y no el presupuesto sin el cual todos los demás se desvanecen. Se defienden posiciones e interlocuciones privilegiadas que nos proporcionan importantes operaciones comerciales, contratos e influencia políticas en zonas neurálgicas del mundo. Y se consideran las provocaciones y ataques, aparentemente de matriz religiosa, como intentos de romper estos equilibrios por parte de los grupos más extremistas, con la aquiescencia o complicidad de ciertos gobiernos, como un factor terrorista con el que se cree que ya estamos acostumbrados a convivir todos. Un precio que se considera insignificante y aceptable para las comunidades más indefensas.

Monseñor Rino Fisichella, al igual que el ministro Frattini, ha declarado que este hecho puede echar a perder la credibilidad de una Europa que, gracias a la posición de Ashton, da “un paso adelante y tres atrás”.
Con la creación de una especie de ministro de Asuntos Exteriores europeo, muchos esperábamos que la UE por fin saldría a la escena mundial con una sola voz, imponiendo su fuerza sobre los balances y equilibrios mundiales, para hacer valer en primer lugar los derechos fundamentales en los que se inspira y sobre los que se fundamenta: paz, democracia, solidaridad, tolerancia, defensa de los que tienen más posibilidad de sufrir discriminación o problemas socioeconómicos. Me parece que, a la vista de los hechos, seguimos todavía parados mientras una violencia sin precedentes está destrozando el cuadro internacional a pocas millas de nuestras costas, y los que pagan las consecuencias vuelven a ser los más débiles.

¿Cómo se librará ahora esta batalla?
El poder que el Tratado de Lisboa confiere al Parlamento Europeo como co-decisor en todas las deliberaciones de la UE debe sumarse a las voces de los parlamentos nacionales para que en las relaciones bilaterales se introduzcan, además de aspectos económicos, otros parámetros precisos que evalúen el respeto real a los derechos humanos y religiosos de nuestros socios internacionales. En la resolución pedíamos también la constitución de un observatorio que vigile constantemente lo que sucede en este ámbito y que oriente consecuentemente la política de la Unión y de sus Estados miembros.