“Por primera vez, el Parlamento Europeo aprueba una resolución de carácter global sobre la libertad religiosa”. Mario Mauro, eurodiputado desde 1999 en las filas del Partido Popular Europeo, siempre ha estado en primera línea en lo que a esta cuestión se refiere. “Cuatro años después del asesinato de Hrant Dink, el periodista turco que se atrevió a desafiar a su propio país al denunciar el genocidio armenio, se discute sobre este nuevo texto, que vinculará las ayudas económicas de Europa a países terceros con la responsabilidad y la garantía en la protección de las minorías étnicas y religiosas”.

¿Qué implicaciones prácticas tiene esta aprobación?
Por ejemplo, en Iraq la UE está destinando 40 millones de euros, pero estos fondos, sobre todo tras los últimos atentados contra los cristianos, sólo se seguirán entregando si tenemos la garantía de que habrá una intervención sólida (y de facto) en lo que se refiere a la tutela de las minorías discriminadas. Lo mismo vale para Pakistán, azotado por las inundaciones y especialmente necesitado de ayuda. O para Nigeria, Filipinas, Sudán…

¿Cómo se ha llegado a esta toma de posición tan decidida?
Hay varios factores. Sobre todo en los últimos tiempos, con tantos atentados, la opinión pública ha empezado a darse cuenta de que eso sobre lo que algunos, incluido el que habla, llevaban años llamando la atención era cierto. Era necesario tomar conciencia de que muchos hechos que sucedían y suceden en diferentes lugares (Nigeria, Egipto, sudeste asiático) no iban sólo ligados a cuestiones políticas locales sino que iban más allá, instaurando una nueva forma de discriminación. Los datos hablan por sí solos: en el mundo, el 75% de las personas asesinadas por motivos étnico-religiosos son cristianos.

Muchos dicen que Europa debería hacer algo más.
Esto es un gran paso. Hay que tener en cuenta que para llegar hasta aquí, hasta este documento apoyado por muchos partidos políticos que a menudo están en desacuerdo, el camino ha sido largo y difícil. En 2007, cuando empezamos a poner esta cuestión en el orden del día, muchos incluso lo negaban. Era como intentar derribar una puerta blindada. Sin embargo, poniendo delante el testimonio de cientos de testigos “oculares” que contaban su vida en el Parlamento y en otras sedes, poco a poco las conciencias han empezado a removerse. Otro factor importante ha sido la institución del Ministerio de Asuntos Exteriores europeo, creado por el Tratado de Lisboa, cuya responsable es Catherine Ashton.

¿Qué competencias tiene, de hecho, este Ministerio?
Tiene todas las cartas para ejercitar un poder real. En este caso, por ejemplo, tendría facultad casi “coercitiva” para que esta resolución, una vez aprobada, sea respetada según los criterios que indica. Es una gran ocasión, considerando también que sobre temas como éste la UE es la única institución internacional de cierto nivel que puede intervenir de forma eficaz. La ONU, como se ha puesto de manifiesto, desde este punto de vista tiene las manos atadas pues cuenta en su seno con los países implicados, que son contrarios a una toma de posición firme en esta materia.

¿Por qué Europa tenía que moverse de este modo?
Porque la cuestión no es sólo la protección de los cristianos masacrados en el mundo. Defenderles a ellos implica en sí la defensa de los derechos de todos. Esos mismos derechos que la democracia tiene en su código genético. No es posible cerrar los ojos. La persecución es la declinación trágica de la discriminación. La que se da contra los cristianos, de la que ni siquiera se libra la Europa moderna y relativista, es una constante que nace del hecho de que el cristiano es uno que pone su consistencia y su esperanza en algo que va más allá del poder. Y esto es algo incomprensible para quien ostenta, o busca, el poder, sea del tipo que sea, también en las relaciones personales. “Dios nace y el poder tiembla”, decía el polaco Jozef Tischner. Discriminación, persecución, no afectan sólo a circunstancias particulares, sino al testimonio de quien vive para Otro. En Sudán, en Nigeria, en Egipto. O en el Parlamento Europeo.