El siglo XX se ha visto dolorosamente surcado por enormes tragedias, ha conocido el regreso de los mártires como resultado de los diversos totalitarismos y, sobre todo, del clima ideológico y cultural que, después de doscientos años de sueños de la razón, pretendió violentar a la naturaleza y al hombre en nombre de la pretensión de la utopía y de su realización práctica. Entre otros, destaca, por el hecho en sí y por la remoción histórica a la que fue sometido, el martirio en México, acaecido a finales de los años veinte.

La revuelta, que duró tres años (1926-1929), fue resultado del movimiento campesino autónomo más importante de América Latina durante el siglo XX y, sin duda, uno de los principales en el ámbito mundial. El levantamiento supuso la reacción de una sociedad campesina, tradicional y católica contra el autoritarismo del Estado nacido de la Revolución de 1917. Un evento de considerable importancia que, aunque parezca increíble, no es tratado en ningún libro de texto de historia. Cabe mencionar que el de los Cristeros fue el martirio típico del siglo XX, época caracterizada por los repetidos intentos de construir, más que una nueva sociedad, “hombres nuevos”. Todos han dejado tras de sí un gran derramamiento de sangre y han compartido el empeño por desembarazarse, ideológica y materialmente, de la presencia histórica de la Iglesia.

¿Qué valor tiene profundizar?
La Cristiada pone de manifiesto cómo lo que permitió a cualquier hombre de nuestra tierra vivir en libertad fue la pertenencia a ese pueblo que es la Iglesia.
Todo lo que ocurrió expresa el talante de este pueblo y que la fuerza del individuo radica en la conciencia que tiene de lo que es y del ideal por el que vive. Los hombres que lucharon y murieron en la guerra cristera lo hicieron para afirmar su pertenencia a Cristo y, con ello, testimoniaron que la libertad no es una condición física o social, sino un reconocimiento de que el hombre depende de Dios y no del poder.
Es significativo el hecho de que el poder, en su afán por apoderarse de la persona y manipularla para sus fines, no esté en contra de tener ni de creer en un Dios, pero sí de la existencia de la Iglesia como realidad histórica y lugar donde se educa al pueblo en la libertad.

Antecedentes
El conflicto entre la Iglesia y el Estado mexicano, que llega a su máxima expresión con la persecución violenta del gobierno de Calles y la guerra de los cristeros, hunde sus raíces en la asunción, por parte de la elite gobernante (ya en época de los Borbones), de una mentalidad de corte liberal e ilustrada que ve en la Iglesia Católica al enemigo más peligroso del Estado, del progreso y la racionalidad. Los hombres pertenecientes a la facción victoriosa en las guerras de “Reforma” e intervención (1858-1867), con las que culminaba una larga serie de enfrentamientos entre los partidos históricos mexicanos - el liberal y el conservador - llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación tajante entre la Iglesia y el Estado y disminuían gravemente el papel social de la primera: sanciones a los funcionarios que asistían a actos religiosos, confiscación de todas las propiedades eclesiásticas y abolición de órdenes monásticas (son las llamadas ‘Leyes de Reforma’).
Durante la larga dictadura del general Porfirio Díaz (1876-1910), el conflicto entre la Iglesia y el Estado conoce un período de tregua. Bajo su gobierno, la Iglesia Católica llevó a cabo una “segunda evangelización”, desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social dentro del espíritu renovador de León XIII. Estaba en plena expansión cuando sobrevino una revolución que, durante sus tres primeros años, le fue favorable.

La facción triunfante
La caída del presidente demócrata Francisco Madero (febrero de 1913), sin embargo, volvió a atizar la revolución, y la facción triunfante se volvería en poco tiempo contra la Iglesia Católica. Los vencedores, hombres del norte, blancos marcados por la cercanía con la frontera norteamericana, imbuidos por los valores del protestantismo y del capitalismo anglosajones, desconocían el viejo México mestizo, indio, católico.
Para ellos, la Iglesia Católica encarnaba el mal, y no tenían los medios para comprender esta reflexión de Don Porfirio, el viejo jacobino que se había vuelto conciliador: «No hay riquezas considerables entre las manos de la Iglesia, y sólo hay levantamientos populares cuando el pueblo es herido en sus tradiciones inextirpables... La persecución de la Iglesia, esté o no concernido el clero, significa la guerra, y una guerra tal que el gobierno no puede ganarla más que contra su propio pueblo, gracias al apoyo humillante, despótico, costoso y peligroso de los Estados Unidos. Sin su religión México está perdido sin remedio».
El carrancismo, que agrupaba a las facciones victoriosas de la revolución, se distinguiría por su furioso anticlericalismo, al contrario del villismo y el zapatismo. Los carrancistas destruyeron iglesias, colgaron sacerdotes y cerraron conventos, y en pleno auge de su victoria emprendieron el sometimiento definitivo de la Iglesia, a la que consideraban su enemigo secular.

La Constitución de 1917
Elaborada por las victoriosas facciones carrancistas y obregonistas, la nueva constitución estableció una política de suma intolerancia religiosa, mucho mayor que la de las Leyes de Reforma o la Constitución de 1857. En ella se repetían anteriores leyes reformistas, tales como la que prohibía los votos religiosos y la que prohibía a la Iglesia poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos. Se privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. Se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado se arrogaba el derecho de decidir el número de iglesias y de sacerdotes que habría. Se negó al clero el derecho de votar y a la prensa religiosa se le prohibió hacer comentarios relativos a los asuntos públicos. Asimismo, señaló que toda la educación primaria debía ser laica y secular, y que las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.

El gobierno de Obregón
Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924), quien logró el reconocimiento del gobierno norteamericano al dar cabida a sus intereses de explotar los yacimientos petrolíferos mexicanos, las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la práctica imposibilidad de llegar a una conciliación benéfica para ambas partes. Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical de inspiración marxista-leninista apoyada oficialmente, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), se convirtieron en noticia cotidiana. El suceso más grave ocurrió en enero de 1923, cuando el delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philipi, acudió al Cerro del Cubilete a consagrar a Cristo Rey. El gobierno del general Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y flagrante ataque a la Constitución y acordó que se aplicara a Philipi la sanción derivada del artículo 33 constitucional, obligándosele inmediatamente a abandonar el país.

El presidente Calles
A raíz de la toma de posesión del general Plutarco Elías Calles como presidente de la República, las relaciones entre el gobierno y los católicos entraron por un cauce de mayor tirantez. A decir de Jean Meyer, Calles fue el representante del grupo de hombres políticos que, en México, en España o en otros lugares, piensan que el catolicismo es incompatible con el Estado, que el católico no puede ser un buen ciudadano puesto que su primera lealtad es con Roma. Él mismo dedica a la Iglesia católica un odio mortal y aborda la cuestión con espíritu apocalíptico; el conflicto que empieza en 1925 es para él la lucha final, el combate decisivo entre las tinieblas y la luz. Calles proponía un nacionalismo nuevo, un Estado monolítico y una Revolución perpetua, en la cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado.
Calles preconiza el protestantismo y la Iglesia nacional como una necesidad lógica del Estado moderno. En su pensamiento racionalista, quería realizar el sueño del siglo XIX y absorber la religión dentro de la filosofía del Estado.

Un infructuoso intento
Los católicos, tradicionalmente separados de la política oficial, representaban un peligro en la medida en que eran dinámicos y emprendedores. Lo inacabado de la entidad nacional moderna puesta en obra por los liberales y el Porfiriato, impulsó al Estado revolucionario a suplir esa condición con la omnipresencia de un sistema centralizado de control y de represión que no dejaba ninguna alternativa.
El gobierno de Calles dio comienzo con un infructuoso intento de crear un cisma y una iglesia nacional. El 21 de febrero de 1925 un grupo de hombres de la CROM se apodera del templo de la Soledad, en el centro de Ciudad de México, y trata de establecer allí la “Iglesia Católica Mexicana”, que tendría como autoridad al “patriarca” Joaquín Pérez. Este intento fallido (la parroquia es recuperada el día 23 por el pueblo) de dividir por la fuerza a la Iglesia suscitó una profunda impresión en la opinión pública, dando lugar a una gran movilización de los católicos en defensa de las iglesias y los sacerdotes.
Los choques de la población civil con las milicias comunistas y con las fuerzas policiales se multiplicaron, y se intensificó gravemente la represión en distintas regiones del país. El gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal, puso en vigor un decreto que obligaba a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. El obispo de Huejutla, Manríquez y Zárate, elevó sus protestas en una carta pastoral, por lo que fue apresado posteriormente. A los once meses fue liberado bajo fianza y luego expulsado del país.

La Liga Nacional
Estas iniciativas de Calles motivaron que varios grupos de activistas católicos se juntaran para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925, dirigida por el abogado Miguel Palomar y Vizcarra, oriundo de Jalisco. La nueva organización pretendía conquistar la libertad religiosa empleando medios que fueran “constitucionales” y también “los que se requiriesen para el bien común”. La Liga, que ramificó sus representaciones por todas las entidades federativas, fue declarada ilegal por el gobierno, viéndose obligada a proseguir sus actividades en la clandestinidad. Paralelamente se crearía, en situación de emergencia, un Comité Episcopal que representaría a todo el episcopado mexicano, con el fin de tratar con el Gobierno todos los asuntos concernientes a la modificación de las leyes que entonces mantenían al clero en manos del Estado.

La “Ley Calles”
En los años 1925 y 1926 el régimen intensificó deliberadamente el conflicto. En octubre, el estado de Tabasco prohibió el culto católico, y en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Colima se adoptaron severas medidas contra los practicantes de la religión. Los acontecimientos se precipitaron con la Ley Calles de julio de 1926, que equiparaba las infracciones en materia de cultos con los delitos de derecho común. En ella se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes y se ordenaba que aquellos se registraran ante las autoridades municipales, quienes otorgarían su respectiva licencia para ejercer. La Ley incluye también delitos relativos a la enseñanza confesional y sus disposiciones hacen desaparecer prácticamente la libertad de enseñanza en el país y el derecho de los padres a educar a sus hijos en la fe. Inmediatamente después de su entrada en vigor, se clausurarán numerosos templos, así como capillas particulares y conventos, y se incautarán escuelas religiosas en todos los rincones de la república.

La respuesta inmediata
La respuesta del clero y el laicado fue inmediata. En primera instancia, se presentó al Congreso una demanda de reforma constitucional firmada por dos millones de católicos, que fue desechada inmediatamente por las cámaras (con el pretexto de que, al haber manifestado su sumisión al Papa extranjero, habían perdido su calidad de ciudadanos mexicanos y por ende el derecho de petición). Frente a tal circunstancia, la Liga decidió entrar en lucha a través de medios que sobrepasaran a aquellos estrictamente legales, sin recurrir nunca a la violencia. De ese modo animó a la población católica a ejercer un boicot contra el Gobierno, a fin de presionarlo para que derogara los recientes decretos. El boicot incluía principalmente la abstención del pago de impuestos y el minimizar el consumo de productos ofrecidos por el Estado: no comprar lotería, no utilizar vehículos de motor para no comprar gasolina, y otras medidas. El boicot, a pesar de que el Gobierno lo negara y de que no consiguiera sus fines, tuvo graves repercusiones sobre la vida económica nacional. El general norteamericano Edwin B. Winans, invitado a la inauguración del campo militar de Torreón, cuenta que las actividades comerciales se habían reducido en un 75%, de agosto a diciembre de 1926, por los efectos conjugados de la baja del algodón, la plata y el plomo y por el boicot.

Se agrava la crisis
Después de haber agotado todos los recursos posibles, la Iglesia católica respondió con la suspensión del culto público en todo el país, a partir del 31 de julio de 1926, a fin de mostrar al mundo que la Iglesia en México no estaba en condiciones de ejercitar libremente su actividad y su misión. Con la aprobación del Vaticano, los obispos mexicanos interrumpieron todos los cultos públicos y retiraron el clero de las iglesias. El domingo primero de agosto de 1926 ningún sacerdote celebró misa en las iglesias parroquiales de México. Este acontecimiento, jamás visto en la historia nacional, produjo una enorme impresión en el pueblo. Durante los días anteriores a la suspensión, la gente se volcó en masa a las iglesias para la administración de los sacramentos, y hubo miles de bautismos, comuniones y matrimonios. Las casas se convirtieron en oratorios, y el Papa autorizó una liturgia breve para la misa, permitiendo a los sacerdotes celebrar en cualquier lugar y aún sin vestimenta sacra.

Ante el César
Al día siguiente de la suspensión de cultos, hubo brotes de inconformidad por todo el país. Tras los primeros levantamientos espontáneos, el gobierno cometió el error de arrestar a numerosos sacerdotes e intensificar la represión, lo que provocó aún más reacciones populares. La movilización de las milicias agraristas, la llegada de guarniciones ahí donde nunca habían visto soldados, el desarme general y las primeras exacciones, terminaron de convencer a los espíritus. Para el pueblo, conmocionado por la suspensión de los oficios y la represión oficial, las cosas estaban claras. A la lentitud poco convincente de la lucha civil, la población prefirió la guerra a la que Calles la convidaba. «El César es poderoso y quiere que de grado o de fuerza los pequeños lo veneren y casi lo adoren, pero muchas veces un hombre simple puede humillar la soberbia del poderoso», comentaba en 1968 el antiguo cristero Ezequiel Mendoza.